Este miércoles (9 de agosto), tras dos jornadas de debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fijando nuevas penas y formas comisivas, e incorporando mecanismos eficientes de restitución.
Los parlamentarios, por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, dieron luz verde en general a la iniciativa que busca establecer sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades.
Además, el proyecto tiene el objetivo de modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
Entre sus principales misiones está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, de ser aprobado, la medida permitirá que durante la investigación del delito, como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autorizará la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
Bajo ese contexto, en la Sala y en representación del Gobierno, intervino la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien recordó que la usurpación no está permitida en la actual legislación, la que necesita ser actualizada por no ser efectiva debido a la realidad presente.
En esa línea, la secretaria de Estado explicó que en la actualidad la usurpación va desde la necesidad de vivienda de las personas que viven en campamentos, hasta los loteos irregulares, las tomas de segunda vivienda y las acciones violentas de la macrozona sur.
Por ello, la titular del Interior indicó que es necesario legislar para hacer la diferenciación, sancionando la comisión del delito, sin castigar a las personas de menores recursos. Rechazó la posibilidad de la autotutela, señalando que el Gobierno no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas.
Finalmente, la ministra Tohá agregó que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia a la tramitación del proyecto, para posibilitar los cambios necesarios.
La iniciativa, que viene a normar las usurpaciones de terreno u ocupaciones, fue devuelta a la comisión de Seguridad Ciudadana por ser objeto de indicaciones.
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