La crisis de vivienda en México se ha convertido en uno de los desafíos más complejos del país, ya que la creciente demanda de hogares asequibles contrasta con la escasa oferta y las dificultades para el acceso a financiamiento hipotecario.
Ante la imposibilidad de encontrar un hogar digno y seguro, desde hace años, se desató la proliferación de asentamientos informales con condiciones de vida precarias. Este panorama se complicó a partir de factores como el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada y la falta de una política integral que aborde de manera efectiva la problemática.
Se estima que alrededor de 7.5 millones de familias mexicanas se encuentran instaladas en un asentamiento irregular, es decir, entre 30 y 40 millones de personas habitan en viviendas irregulares con escasa o nula disponibilidad de servicios básicos y oportunidades de empleo, según datos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
"Esa ha sido la historia de millones de mexicanas y mexicanos que desde hace más de 40 años buscan un lugar en donde vivir, pero no lo encuentran porque el suelo es muy caro en la ciudades y el financiamiento disponible no les alcanza", expuso José Alfonso Iracheta, director general de Instituto en conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario, estos asentamientos tardan entre una y cinco décadas en contar con pavimentación, drenaje, luz, agua y, eventualmente, los títulos de propiedad.
"Este tiempo son oportunidades perdidas para todas las generaciones de las familias; porque está demostrado que quien nace en un asentamiento irregular, difícilmente va a morir fuera de él. La gran catástrofe de nuestro país tiene que ver con estas posibilidades (de calidad de vida) que le son negadas a una buena parte de la población", agregó Iracheta.
Con el objetivo de generar una oferta de suelo y vivienda adecuada en las ciudades de todo el país, dirigida a las personas de menores ingresos, el Insus, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Banobras y Fonadin, presentó la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo (Ensuelo).
El plan se deriva de la Política Nacional de Suelo (PNS) publicada hace tres años, la cual contempla el diseño y desarrollo de proyectos integrales que garanticen vivienda, espacio público, actividad económica, equipamientos urbanos y servicios.
“Con esta nueva forma de hacer ciudad para todos, las personas que suelen ser desplazadas hacia la periferia ahora podrán asentarse en un suelo bien localizado dentro de la ciudad, con costos adecuados a su capacidad de pago y con certeza jurídica que proteja el patrimonio de las familias”, dijo Iracheta.
En primer lugar, Ensuelo promueve mecanismos para la redensificación de las ciudades. Para este fin, se utilizarán instrumentos de política pública que permitan habilitar y ocupar espacios subutilizados, como zonas industriales abandonadas o áreas de baja densidad con infraestructura, para el desarrollo de viviendas con precios desde los 650,000 hasta los dos millones de pesos.
La segunda parte de la estrategia consiste en impulsar Centros de Desarrollo Urbano a través de mecanismos autofinanciables, es decir, que generen recursos suficientes para la construcción y mantenimiento del equipamiento urbano.
El director del Insus explicó que se buscará incluir a los y las ejidatarias para que aporten el suelo y se vuelvan socios de los proyectos, para que posteriormente, reciban una parte de los ingresos que los inmuebles generen.
Los polígonos —que incluirán vivienda, comercios, servicios, equipamiento, áreas verdes y vialidades— serán planeados y ejecutados por una sociedad conformada por el Insus, las autoridades locales y federales.
"Este esquema asociativo permitirá que los ingresos por venta de las viviendas y las rentas que se generen de los comercios y departamentos, entre otros rendimientos, se aprovechen para mantenimiento de la infraestructura urbana en el largo plazo", mencionó Iracheta.
El primer proyecto creado bajo el modelo de Ensuelo será la nueva centralidad del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, el cual tendrá una inversión inicial estimada en 500 millones de pesos.
Hasta el momento, el Insus tiene en cartera cinco proyectos más, ubicados en Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y Querétaro; otros con menor avance se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México.
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